El Congreso que gobierna

Los frentes políticos que tiene abiertos el gobierno han pasado a ser administrados por diversos bloques de la oposición:

1) el proyecto de movilidad jubilatoria es un emprendimiento de la Coalición Cívica;

2) el freno a los aumentos de los prepagos médicos nació también de una demanda del partido de Elisa Carrió, que sigue gobernando desde el llano, a través de sus diputados;

3) el rechazo de la nominación de Ariel Lijo a la Suprema Corte también es un envión que nace de impugnaciones de Carrió que tienen más de una década de antigüedad y que han reflotado sus legisladores. Nadie con tan poco logró tanto, con el solo recurso de tener visión política, sentido del interés público y estrategia. Logra más que otros dirigentes que cuentan con decenas de legisladores o que gobiernan distritos;

4) reforma laboral quedó confiada los radicales pero lo que salga será, como dijo un alto protagonista de esa trama, “lo que decidan el gobierno, la CGT y Miguel Pichetto”; 5) el funcionamiento del Senado, de la aprobación del pliego del embajador en Israel al aumento de los salarios, es obra de Juan Carlos Romero, el DT del entendimiento interbloques de “Los 39”.

En todos estos frentes, el oficialismo ejerce de acomodador y resuelve su protagonismo cediendo posiciones ante un Congreso que le ha demostrado que es más fuerte.

Juega en el límite que describió con generosidad Nicolás Massot: la mayoría del Congreso está resolviendo proyectos de un gobierno que no les pertenece. Con esa frase les recordó a los funcionarios del gobierno que los Reyes Magos son los padres y que no tienen que insistir en el agravio cuando les están pidiendo el voto.

Se les atribuye a los constructores de la democracia republicana la creación de fusibles para evitar que derive en una dictadura, algo que manifestaba temer ya Platón cuando hablaba de las “palabras falsas y fanfarronas” del demagogo.

Los constitucionalistas americanos del siglo XIX inventaron la elección indirecta del presidente a través del funcionamiento del colegio electoral. Era para evitar, en palabras de Alexander Hamilton, que pudiera llegar a la presidencia de Estados Unidos, un político con “talentos para la intriga baja y las pequeñas artes de la popularidad”.

Ese mecanismo lo adoptó la Constitución Argentina de 1853 y rigió hasta 1994, cuando se eliminó para ir a la elección directa del primer mandatario. La reforma del 94 reemplazó aquel fusible de la elección indirecta, por el sistema semiparlamentario que hoy rige en la Argentina.

Es el que permite que hoy el Congreso comience a hacerse cargo de gobernar, ante la debilidad de un Ejecutivo con pocos votos de origen y que accedió al poder, como dijo Javier Milei, por efecto de una triple carambola impensada – ni por él – y porque el gobierno que terminaba había sido pésimo.

Entusiasmado por las metáforas, se calificó como un cisne negro, figura que describe a un acontecimiento imprevisto y disruptivo, pero de connotación negativa.

Es oportuno detenerse en esos dos elementos, la demagogia y el semiparlamentarismo, cuando un sector de la patria opinada se ha embarcado en un festival de demagogia cuando se conoció la resolución del Senado para aumentar los sueldos de los legisladores.

Los medios audiovisuales que expresan al oficialismo encontraron un punto de identidad con la demagogia presidencial, emitiendo críticas de dudoso espíritu democrático. Señal amarilla: es la misma demagogia que lo lleva a Milei insultar a periodistas, deporte aprendido en las academias de la demagogia, ahora llamada populismo, pero que no es otra que eso, demagogia.

Victoria Villarruel, que tiene un olfato pampa para tomar distancia del barro de su propio gobierno, salió en defensa de la legalidad de la decisión que fue aprobada por todos los bloques.

La punta de oportunismo se mostró cuando fabricaron imágenes de la mano volante de Martín Lousteau (si alzada, nunca muy alzada, diría González Tuñón como de la mujer barbuda del circo – “Eche veinte centavos en la ranura”).

Fue una forma de esmerilar al senador que en dos oportunidades hizo hocicar al oficialismo, en el duelo sobre el pliego del nuevo embajador en Israel.

Ese entuerto también probó la verosimilitud de la leyenda de un Milei extravagante, que no habla con sus ministros, que pasa horas “haciendo celular” y que aprovecha cualquier ocasión para hacer ejercicios de musculación que saquen a su gestión de la burbuja de las palabras y la lleven al universo de los hechos.

Mientras tanto, los bloques del Congreso han entendido que deben ponerse a gobernar y esa tarea ha demostrado que la política puede más que el marketing.

Uno de los ejemplos de cómo el Ejecutivo ha delegado en los bloques del Congreso la gestión de los frentes críticos es la reforma de la movilidad de las jubilaciones.

La Comisión de Previsión Social dio dictamen el miércoles pasado a un proyecto de movilidad que impuso, como dictamen de mayoría, el peronismo de Unión por la Patria.

Tiene 13 votos y repone la fórmula de actualización que había impuesto Alberto Fernández (índice salarial RIPTE más recaudación, un bono de $ 70 mil de base, más actualización del 30% para recuperar lo perdido).

Es el dictamen que irá a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside José Luis Espert. No tiene fecha aún, ni la tendrá por un buen tiempo, porque también en Presupuesto, el peronismo volverá a imponer su mayoría.

Mientras tanto, sigue rigiendo el DNU de actualización que firmó el gobierno, mientras nadie lo voltee. Su destino final lo decidirá la Suprema Corte. Y sin la seguridad de una ley, ninguna norma en materia económica puede tener sustentabilidad.

Los bloques amigos del gobierno (UCR y Hacemos) tienen un dictamen de minoría con 7 votos y la Izquierda el suyo con 1 voto. El PRO no presentó dictamen y La Libertad Avanza llegó, sobre el cierre del plazo, con otro de dos votos.

Habían pasado 48 horas prolongando la astracanada de la Comisión de Juicio Político, exhibiendo en el centro del escenario justo la comisión que ellos deberían tener más escondida, porque en ella se puede jugar el destino del presidente y de la Suprema Corte.

Los mileistas se pelean por esa lapicera simbólica: se cargaron ya a un presidente bloque y le provocaron un patatús a la diputada Marcela Pagano. Más les hubiera convenido acordar posiciones con otros bloques amigables, conseguir número por encima de los 13 del peronismo y quedarse con el dictamen de mayoría.

Dejándole la mayoría al peronismo mandan la actualización de jubilaciones a un limbo de inestabilidad, colgada de un DNU de suerte incierta.

Tampoco ninguna reforma laboral promoverá inversiones si no se convierte en una ley. En este punto el gobierno ha escuchado algo más a los bloques de la oposición amigable.

Nicolás Massot ha insistido desde el debate sobre la ley ómnibus que la reforma en este terreno es la principal que debe emprender el gobierno para lograr algún cambio en la economía.

El bloque al que pertenece entiende que una reforma laboral no debe ser necesariamente una reforma sindical, y que hay que descremar todo lo que contenía el maltrecho DNU 70 sobre asuntos gremiales.

Por eso insiste en que hay que avanzar solo con 3 tópicos: 1) extender el período de prueba a 6/8 meses; 2) reducir las multas a las empresas en los conflictos laborales; 3) crear un fondo de cese de empleo como el que rige en el sindicato UOCRA.

El sindicalismo ejerce presión sobre este bloque y espera que, además, la reforma no se meta en joyas del sindicalismo clásico, como la “ultraactividad”. Es una figura que prolonga la vigencia de un convenio, más allá del período de validez establecido por las partes, en tanto no se produzca la firma de uno nuevo de común acuerdo.

También espera el sindicalismo que proteja la negociación por rama y actividad, y no por empresas. Pichetto escucha estas inquietudes de boca de los caciques sindicales, como Armando Cavalieri, con quien almorzó el jueves.

El proyecto de los radicales no se aleja mucho de este criterio, pero insiste en derogar la llamada cuota solidaria que pagan los trabajadores al gremio de su actividad, aunque no estén afiliados.

Ese tributo equivale, según el radical Fabio Quetglas – que intervino en la redacción del proyecto de su partido – al 3% de los salarios formales de la Argentina, y se reparte en varias cajas. El radicalismo considera que es una bocha de plata que suele solventar la política de sus adversarios de la columna vertebral del peronismo.

Se preguntan muchos cómo este gobierno, que odia a los radicales más que al demonio, ha podido aceptar hacerlos responsables de una reforma laboral, cuando intentaron dos y las dos les costaron sus gobiernos (Alfonsín y De la Rúa).

Desde el lado del oficialismo se entiende que hayan buscado a un bonzo que pague el costo de un eventual fracaso. Los radicales consideran que sus votantes aprecian mucho el valor de una reforma que cree empleo, y que les conviene cargar con esa mochila.

Se le atribuye a Rodrigo De Loredo haber propuesto a sus correligionarios asumir ese riesgo. La división del bloque apareció como un inconveniente y se comprometió a unificar todos los proyectos del partido que había en las dos cámaras, junto a “Peteco” Vischi, presidente de la bancada en la cámara alta.

Juegan a una reforma que reivindique a los radicales frente a viejas batallas como la ley Mucci, la ley Banelco o los 13 paros a Alfonsín. Por eso alzan el estandarte de la derogación de las cuotas solidarias. Entienden que esa cláusula es defendible ante su público, aunque puede quedar afuera por falta de votos. Pero le habrán cumplido a sus votantes.

Es una hipótesis, que otros remiten a alguna conversación discreta de De Loredo con Santiago Caputo, que ha descubierto el lado bueno del gremialismo.

En ese entendimiento pudieron convenir un plan canje de favores en Córdoba, para postergar las aspiraciones de crecimiento de Luis Juez y potenciar las de De Loredo para las elecciones de 2025 y 2027.

También está cerca de estas conversaciones Mauricio Macri, con quien se reunió De Loredo para escuchar el interés del expresidente en el acuerdo. Macri, que pasa esta semana en Sudáfrica con una agenda FIFA, es un viejo contradictor de Juez, y nunca ha querido que tuviera tanta gravitación como tiene hoy, al ser jefe del bloque PRO en el Senado.

Ya perdió al presidente del partido en esa provincia, Oscar Agost Carreño, que milita en el bloque Hacemos, pero conserva el cargo partidario.

Han intentado apartarlo de esa responsabilidad, pero Agost retiene la adhesión de su partido. Agost es secretario del bloque de Pichetto y está en todas las reuniones de esa bancada con el gobierno y el resto de los legisladores.

Ha resistido la lluvia ácida de los tuiteros del oficialismo que se alimentan, como en otros gobiernos, de los nutritivos archivos del espionaje de estado.

Macri está interesado también en apoyar al gobierno en la reforma laboral. La gente que administró el Ministerio de Trabajo durante su gestión sigue teniendo importancia en la cartera, a través de funcionarios que trabajaron con Jorge Triaca, su principal estratego hoy.

El jefe de gabinete Nicolás Posse – un viejo tunelero trasandino – ha capturado el control de la cartera de Sandra Petobello con el ingreso del secretario de Trabajo Julio Cordero, hombre de diálogo con la CGT.

La abogada Liliana Archimbal que fue jefa de jurídicos durante el ministerio de Triaca hijo pero que había ingresado con Jorge Triaca padre bajo el gobierno de Menem, es la nueva subsecretaria de Trabajo. Esta profesional en algún momento ha sido abogada de uno de los gremios más grandes de la Argentina.

La prisa del cronograma hizo que en las últimas horas se precipitasen reuniones que se acumularon en la agenda de los legisladores, los gobernadores y el Ejecutivo, representado este por el vicejefe de gabinete, José Rolandi.

Este funcionario también hizo carrera (al igual que Posse) en la Corporación América, como gerente de los tuneleros del grupo Eurnekián en el proyecto del faraónico túnel a Chile, que intentaron llevar a cabo entre 2009 y 2017.

Ese frustrado emprendimiento, comparado con la changa de sacar la ley minibús y la ley de reforma fiscal, era un juego de niños. En la noche del jueves pasado hubo una reunión de los jefes de bloques de Diputados con el presidente de la Cámara, Martín Menem.

Hicieron un arbitraje de posiciones y entendieron que están firmes los consensos para aprobar los dictámenes de las leyes en la semana que se inicia, y llevarlas al recinto para su tratamiento y aprobación los días 29 y 30 de abril, es decir, lunes y martes de la semana que viene. Discutieron hacerlo después del 1° de mayo, pero nadie aseguró que con tanto feriado los legisladores quisieran viajar para sesionar.