sin los votos, el Gobierno cedió con las privatizaciones pero logró apoyo para Ganancias y Bienes Personales

Con una fuerte discusión jurídica de por medio, el oficialismo consiguió dictaminar la Ley Bases, pero sin las privatizaciones de Aerolíneas, el Correo y los medios públicos- y le dio también luz verde al Paquete Fiscal, con la reincorporación del Impuesto a la Ganancias y Bienes Personales, artículos que se habían caído en el Senado. Ambos proyectos se someterán a votación en una sesión ya convocada para este jueves a las 12.

Tanto para la Ley Bases como para el Paquete Fiscal La Libertad Avanza acordó dictámenes unificados con el PRO, la UCR, Hacemos Coalición Federal, Innovación Federal y la Coalición Cívica, con algunas firmas en disidencia. Unión por la Patria y la izquierda no firmaron ninguno. La socialista santafesina Mónica Fein tampoco acompañó.

En el caso de la Ley Bases el dictamen, que consiguió 66 firmas, se limita a un texto de una carilla que plantea la aprobación del proyecto tal cual vino del Senado.

Eso incluye la eliminación de Aerolíneas, el Correo y los medios públicos del listado de empresas que quedan sujetas a privatización. Como contó Clarín, a pesar de que el oficialismo hizo el intento, las bancadas dialoguistas le pusieron un freno en este tema, con argumentos legales y políticos, y le propusieron que, en todo caso, envié esas privatizaciones en leyes aparte. Sin los votos suficientes, el oficialismo debió resignarse y excluir a esas sociedades de las privatizables.

También aceptan los cambios incluidos en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), en la Reforma Laboral y la inclusión de los institutos ligados a la ciencia y la cultura en el punteo de organismos que el presidente Javier Milei no podrá intervenir ni disolver.

En el caso del Paquete Fiscal, el dictamen de mayoría cosechó 27 firmas. Los diputados plantean la aceptación del proyecto tal como llegó del Senado, salvo en tres puntos en los que insistirán con la redacción original.

Concretamente reincorporan tres temas: la reversión del Impuesto a las Ganancias, la rebaja de Bienes Personales y el artículo 111 que obligaba al Ejecutivo a, en un plazo de 60 días, enviar al Congreso una propuesta para recortar regímenes especiales, como el de Tierra del Fuego, para incrementar los recursos del Estado en hasta 2 puntos del PBI.

El poroteo del oficialismo le arroja un resultado ajustado para Ganancias: este martes a la noche contaban 129 votos a favor, aunque estiman que habrá abstenciones y ausencias, que terminarán haciendo que el artículo se apruebe sin dificultad. Para Bienes Personales, dan por sentada su aprobación con comodidad.

La reinserción del artículo sobre gastos tributarios es mucho más difícil: su eliminación se aprobó por dos tercios en el Senado y conseguir esa mayoría en Diputados para volverlo a meter dependerá de la postura que tome Unión por la Patria. El kircherismo reúne al bloque este miércoles a la mañana para decidir.

Sin embargo, fueron los diputados de la Coalición Cívica, principalmente, los que insistieron para que se vote nuevamente. Quieren que queden expuestos quiénes votan a favor y quiénes en contra.

“En el Senado el 90% de los legisladores votaron en contra de pedirle al Gobierno que analice los gastos tributarios, porque ni siquiera se le exigía nada”, aseguró Juan Manuel López quien chicaneó al kirchnerismo recordando que Cristina Kirchner se había referido a esos regímenes especiales como los “planeros de lujo”. “Así que va a depender de los compañeros de UP”, lanzó.

El debate estuvo cruzado por la discusión jurídica sobre si Diputados puede, o no, reflotar los artículos caídos en el Senado. Como contó Clarín, la oposición ya adelantó que se va a judicializar.

Mientras que la diputada PRO, Silvia Lospennato habló de “el club del helicóptero”, el kirchnerista Leopoldo Moreau retrucó: “La judicialización de esto no viene de nuestra mano sino de las torpezas que cometió el oficialismo y la falta de capacidad de diálogo. Efectivamente si los trabajadores son dañados van a apelar a la Justicia, no se asusten por eso”.

Delegaciones y facultades

Se declara la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por un año. Se faculta también al Ejecutivo a intervenir y/o disponer la disolución de organismos del Estado; y liquidar los fondos fiduciarios públicos.

Finalmente quedaron sujetas a privatización total Energía Argentina, e Intercargo S.A.U. Sujetas a privatización parcial o concesión quedaron AySA, el Correo Oficial, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria y Corredores Viales.

El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) es para inversiones iguales o superiores a u$s 200 millones. Obtienen beneficios fiscales, aduaneros y cambiario. Quedó limitado para nueve sectores: de foresto-industria, turismo, siderurgia, petróleo, gas, infraestructura, minería, energía y tecnología; y obliga en un porcentaje del 20% a la contratación de proveedores locales. En Diputados, los dialoguistas ven con buenos ojos los cambios y quieren ratificarlos.

Se extiende el periodo de prueba -actualmente de 3 meses- a seis meses. Se eliminan las multas por trabajo no registrado. Habilita la creación de un fondo de cese laboral (tipo UOCRA) para reemplazar las indemnizaciones. Será opcional por convenio colectivo. Se habilitan a un trabajador independiente a tener hasta 3 trabajadores independientes contratados sin que estén en relación de dependencia. Se penalizan los bloqueos sindicales y la toma de establecimientos productivos.

Se plantea el pago de Ganancias a partir de un sueldo de $1.800.000 en el caso de solteros y de $2,2 millones para casados. El monto se ajustará por inflación en septiembre, el año que viene cada seis meses. Se elimina el diferencial del 22 % para los patagónicos.

Se reduce el piso a partir del cual se empieza a pagar el impuesto y una disminución en las alícuotas. Según el proyecto, el mínimo no imponible subirá de $ 27 a $ 100 millones y la deducción por la vivienda familiar pasará de $ 56 a $ 350 millones.

Permite regularizar activos no declarados hasta US$ 100.000 sin pagar ningún impuesto especial. Contempla alícuotas progresivas hasta el 15 % para montos superiores a US$ 100.000.

Propone pagar las obligaciones impositivas y de la seguridad social vencidas al 31 de marzo de 2024 en hasta 84 cuotas con diversos beneficios.