Reforma laboral: La Justicia de Tucumán declaró inconstitucional el pago en cuotas de indemnizaciones y ordenó abonar $8,2 millones en un solo pago
El Juzgado del Trabajo de la Iª Nominación de Tucumán declaró inconstitucional el artículo 56 de la Ley 27.802, que habilita a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) a cancelar indemnizaciones y condenas judiciales en 12 cuotas mensuales. En consecuencia, el juez Carlos Frascarolo ordenó a una firma de calzados abonar en un solo pago la deuda de $8.265.686,74 a una exempleada despedida. El fallo, emitido el 29 de septiembre de 2024, rechazó la solicitud de la empresa de pagar la indemnización en 12 mensualidades.
La empresa, que se presentaba como MiPyME y alegaba dificultades económico‑financieras, fue considerada incapaz de demostrar riesgo para su continuidad, pues sus balances mostraban activos superiores a $1.261.000.000 y disponibilidades líquidas de casi $173.000.000. El magistrado sostuvo que la imposición de un pago fraccionado vulnera el derecho de propiedad de la trabajadora (artículo 17 de la Constitución Nacional) y el principio protectorio del derecho laboral (artículo 14 bis). Además, la norma generaría desigualdad al beneficiar a empresas que incumplen con sus obligaciones frente a aquellas que las cumplen voluntariamente.
- Inconstitucionalidad del artículo 56 de la Ley 27.802: prohibido el pago fraccionado de condenas judiciales.
- Orden de pago único: $8.265.686,74 a la exempleada en un solo desembolso.
- Patrimonio de la empresa: activos > $1.261.000.000, patrimonio neto > $625.000.000, disponibilidades líquidas ~ $173.000.000.
- La sentencia se basa en el artículo 17 y el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
- La empresa fue reconocida como MiPyME, pero la ley no garantiza la fraccionada de condenas si la empresa tiene la capacidad económica.
- El fallo se suma a otras decisiones judiciales que cuestionan la constitucionalidad de la Ley de Modernización Laboral.
Este pronunciamiento tiene un impacto directo en la práctica laboral y la protección de los derechos de los trabajadores. Al eliminar la posibilidad de fraccionar pagos de indemnizaciones, la justicia refuerza la tutela efectiva y evita que las empleadas enfrenten mayor vulnerabilidad financiera. Para las empresas, significa que deben contar con la capacidad de abonar de inmediato las condenas laborales, lo que puede impulsar una mayor planificación financiera y cumplimiento normativo. El caso también plantea un precedente importante sobre la interpretación de la Ley 27.802 y la protección constitucional de los derechos de propiedad y laborales en Argentina.
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